El gobierno canadiense a partir del próximo 26 de marzo amplia sus restricciones anti-covid, en las que se restringe el acceso a los lugares de culto para evitar aglomeraciones, pero si permite la entrada de 250 personas en una sala de cine. La Mesa Redonda Interconfesional de Quebec ha pedido al gobierno de Canadá “coherencia” y lo tachan de “discriminación” contra los quebequenses en cuya vida la religión desempeña un papel esencial.
“El gobierno debe corregir las medidas no equitativas” relativas al cierre de lugares públicos para contener los contagios de Covid-19: así escribe, en una nota, la Mesa Redonda Interconfesional de Quebec, organismo que reúne a representantes de diversas Iglesias cristianas, tradiciones judías, mezquitas, así como el Centro Canadiense para el Ecumenismo. “Nos ha sorprendido”, dice la nota, “saber que, a partir del 26 de marzo, en la zona roja, los cines podrán albergar hasta 250 personas, lo que supone diez veces más que un lugar de culto, independientemente de su tamaño. “Esto es objetivamente injusto”, continúa la Mesa Interconfesional, “porque ambas reuniones, las de los teatros y las de los lugares de culto, tienen características similares. Tal “discrepancia”, dice el organismo, “da una fuerte impresión de incoherencia”, incluso de “discriminación contra los quebequenses en cuya vida la religión desempeña un papel esencial”.
De ahí la petición explícita que la Mesa Interconfesional hace al Gobierno: “debe permitirse la entrada del mismo número de personas a un lugar de culto o a un teatro a partir del 26 de marzo”. Además, el organismo señala que “sería más fácil calcular la cantidad de presencias dentro de un lugar cerrado si se calculara el porcentaje de su capacidad máxima y el respeto de un posible distanciamiento social”. Otro punto central, el del toque de queda que, para permitir las celebraciones nocturnas, debería “ampliarse más allá de las 21.30 horas”.
“Los líderes religiosos desempeñan un papel importante en sus comunidades a la hora de comunicar y poner en práctica las recomendaciones para proteger la salud pública”, concluye la nota, “pero su responsabilidad también consiste en garantizar que las autoridades civiles respeten las creencias y prácticas religiosas de las comunidades confesionales”. Por ello, la Mesa reitera su llamamiento a las instituciones “para obtener un trato justo” y, al mismo tiempo, anima a los fieles “a observar estrictamente las normas vigentes para proteger la vida y la salud de todos, especialmente de los más vulnerables”.
Por: Vatican News