Durante una rueda de prensa, realizada el 17 de marzo, en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, los Obispos que participaron en la misión humanitaria en el Municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, Colombia, denunciaron la grave situación humanitaria que viven las comunidades indígenas en estos territorios.
Los Obispos que participaron en una misión humanitaria en el Municipio de Murindó, del 7 al 11 de marzo, denunciaron la grave situación humanitaria que viven las comunidades indígenas del municipio en el departamento de Antioquia, Colombia, durante una rueda de prensa, realizada el 17 de marzo, en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), en presencia de Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.
Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, y Monseñor Hugo Alberto Torres, Obispo de Apartadó, junto con Germán Valencia, representante de la Organización Nacional Indígena (ONIC) y Amelicia Santacruz, de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunciaron las graves violaciones cometidas contra los derechos humanos tanto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Según un comunicado, divulgado en la página web del Episcopado, la misión descubrió la instalación de minas antipersonales por parte del ELN en los campos de cultivo y en las carreteras de la ciudad de Murindó, en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, y la libertad de movimiento de las AGC en el territorio, porque en complicidad con la fuerza pública.
“Los grupos armados luchan por el control de las rutas del narcotráfico, la siembra y cosecha de cultivos ilícitos y el posicionamiento geoestratégico”, reza el documento leído durante la rueda de prensa, lo que lleva a las comunidades indígenas a ser víctimas de “confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y pérdida de su autonomía.”
Por ello, los Obispos piden al Estado que responda a las violaciones contra la población indígena de estos territorios.
“La intervención del Estado – dijeron – es necesaria para garantizar los derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado del territorio y la protección colectiva que les permita disfrutar de la paz en sus entornos culturales”, señalaron, añadiendo además que “se requiere que las fuerzas de seguridad pública se distancien completamente de los actores ilegales para que su labor de protección esté garantizada”.
“Todos los organismos del Estado – continuaron – incluyendo el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Murindó y los organismos de control y judiciales, están obligados a respetar sus compromisos constitucionales y a intervenir oportunamente en esta situación y en las situaciones estructurales que se están viviendo en la región”.
También insistieron en que el gobierno nacional “reabra el espacio para la solución del conflicto armado a través del diálogo”, para evitar que descienda a una espiral de violencia sin fin que destruya la vida de muchas personas”.
Por último, instaron a los grupos armados a reconocer “que sus acciones son absolutamente perjudiciales para la población civil”, pidiéndoles que respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las comunidades.
Por su parte, los Obispos se comprometieron a seguir acompañando a las comunidades afectadas por la violencia, alentándolas a no abandonar sus territorios y a “perseverar en la reivindicación de los derechos que les reconoce la Constitución Nacional.”
A la misión humanitaria asistieron delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico.
Por: Vatican News