La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, ha organizado una nueva concentración para mostrar su rechazo a la Ley Celaá -que debe su nombre a la ministra de Educación-, ley que está tramitando el Gobierno sin el consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil, dicen desde la organización. Ayer informaban de que habían registrado más de 1.138.000 firmas contra la ley.
La plataforma quiere así intensificar las acciones de protesta en una semana que se prevé crucial en la tramitación de la LOMLOE. Además de las manifestaciones programadas en los colegios el próximo miércoles, se ha comunicado una próxima manifestación el viernes día 13 coincidiendo con la reunión de la Comisión de Educación y Formación Profesional en la que se elaborará el dictamen final sobre la nueva ley de educación.
La página web de la plataforma destaca los principales aspectos que hacen de esta ley un objeto de controversia. “Pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes”, explican.
“La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados”, afirman desde Más Plurales.
También se quejan de que la ley vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. “Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad”.
También señalan que se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. “Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento”, explican.
La ley “abre la puerta” a la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. “Esta medida, además de innecesaria e injustificada, supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un “comisario político””, afirman.
La ley insiste “sospechosamente” en los derechos de la infancia, “que nadie cuestiona”, escriben. “Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado”, dicen desde la plataforma.
“Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí… Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza”, explican.